Por Regina Martínez
lunes, 13 de septiembre de 2010
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Salvador Mikel Rivera, señaló que de las 700 denuncias presentadas contra servidores públicos en los últimos cinco años solo se ha ejercido acción penal contra 50, "pero ninguno ha pisado la cárcel porque han alcanzado fianza".
En algunos otros muchos casos, aseguró, solo se han aplicado sanciones pecuniarias contra los servidores públicos que han sido denunciados directamente por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis, sobre todo alcaldes,) por irregularidades detectadas en el manejo de las cuentas públicas.
En entrevista, el funcionario explicó que las denuncias penales que hasta hoy ha atendido la PGJE en contra de servidores públicos, principalmente ediles, están relacionadas con presunto desvío de recursos de la cuenta pública 2006, ya que las de 2008 todavía no las presentan las autoridades del Orfis.
"Las de 2008 aun no las hemos recibido, pues nosotros hemos ido atendiendo las de ejercicios fiscales hasta 2006, de las cuales algunos funcionarios han sustanciado las irregularidades financieras, por lo que nos hemos quedado sin materia, y en otros casos se continúan integrando las averiguaciones previas", dijo.
El titular de la PGJE afirmó que se sigue trabajando en los casos pendientes, "se siguen integrando, ya que se tienen que solicitar auditorias e información a la Comisión Nacional Bancaria para revisar los estados de cuenta, en fin, son muchos trámites burocráticos que se tienen que hacer".
Mikel Rivera, mencionó que pese a que se tiene la intención de que antes de que concluya la administración estatal se determinen los expedientes penales iniciados contra servidores públicos, no descartó que algunos casos se "hereden" a la administración estatal entrante.
Así, aseguró que de los 700 casos de denuncias recibidas por parte del Orfis contra funcionarios públicos en los últimos años, la dependencia a su cargo ha determinado alrededor de 400 y de éstas se ha ejercitado acción penal contra 50, "pero han alcanzado fianza y no ha sido necesario ingresarlos a la cárcel".
Por otra parte, el diputado local del PAN, Federico Salomón Molina, refirió que los actuales ayuntamientos dejaran una deuda de entre 3 mil y 4 mil millones de pesos a las administraciones municipales que entraran en funciones el próximo 1 de enero, debido a los créditos que han contraído en los últimos años.
El panista, mencionó que a pesar de la crisis financiera que enfrentan algunos ayuntamientos veracruzanos, el Congreso local continúa recibiendo solicitudes de autorización para la contratación de nuevos empréstitos y de adelantos de las participaciones federales que recibirán en los siguientes años.
En esta situación se encuentran alrededor de 80 municipios, subrayó, los cuales heredaran deuda pública a sus sucesores en el cargo, ya que la mayoría priísta en el congreso local les autorizó contratar líneas de crédito con diversas instituciones financieras.
En conferencia de prensa, el legislador panista refirió que a casi tres meses de que concluyan las administraciones municipales, continúan llegando al Congreso este tipo de solicitudes como el caso de Acayucan, que está pidiendo autorización para contratar un crédito por 500 millones de pesos.
Al respecto, el dirigente estatal del PAN, Enrique Cambranis Torres, mencionó que entre los ayuntamientos mayormente endeudados están Jalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Colipa, y en la etapa final de las administraciones municipales, "calculamos que casi 30 municipios dejaran sus finanzas en quiebra técnica".
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