Alejandro Zapata Perogordo
Uno de los grandes temas de relevancia nacional, que se ha puesto de moda en los últimos días y ha ocupado los encabezados de los diarios de todo el país, es el concerniente a la denominada Ley Peña.
Dicha ley consiste básicamente en impedir las candidaturas comunes y reducir los tiempos de campaña. Ocurre, irónicamente, que se aprobó, por ejemplo, en Tlalnepantla, un municipio en el que el alcalde (Arturo Ugalde Meneses) llegó postulado por el PRI, el Partido Nueva Alianza y el Verde Ecologista.
Además dicha ley cuenta con ingredientes adicionales, porque el impulsor de aquella es Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y virtual candidato del PRI a la Presidencia de la República, circunstancia que se vería robustecida si tiene éxito en el proceso electoral del próximo año para la renovación del gobierno de ese estado o, por el contrario, mermarían considerablemente sus posibilidades si sale raspado.
El cálculo es evidentemente de carácter electoral, deduzco que ya desde hace tiempo ha venido planeando su estrategia y por ningún motivo desea la unión entre el PRD Y PAN, así lo estableció en aquel convenio -por cierto, vergonzante y firmado en lo obscurito- que suscribió a su nombre el Secretario General de Gobierno de la entidad mexiquense, en donde se exigía el compromiso para que Acción Nacional no se aliara y ahora da un segundo paso sin guardar las mas elementales formas y con un fondo por demás regresivo, eliminando las candidaturas comunes, con la dedicatoria a la oposición y tratando de evitar que vayan juntos Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, complicándole con ello la existencia al PRI.
¿Cuál puede ser la razón para hacer ese acto en este momento? Prácticamente estaba al cuarto para las doce; los tiempos para hacer modificaciones se agotan el primer día de octubre y, quiero pensar, que Peña Nieto estaba consciente del desgaste político que esto le acarrea.
Creo saber la respuesta, ya que seguramente con su equipo debieron valorar el costo-beneficio, basados en instrumentos de medición con estudios de prospectiva electoral, analizando el panorama y, para llegar a esa conclusión, quiere decir que las cosas no le pintaban nada bien.
Sólo así me explico tanta torpeza y el fast track del congreso local, para cambiar las reglas electorales con tanta premura. Poniendo todas las piedras en el camino de la oposición, pisoteando al legislativo y trastocando los avances democráticos.
No me voy a meter en este momento al análisis de la importancia que tienen las candidaturas comunes, como una figura que no es solamente a favor de los Partidos Políticos, sino también aporta en beneficio de los votantes, dígase la sociedad.
Hace cien años, Don Francisco I Madero fue postulado por diversos y antagónicos partidos políticos y se le consideró el Apóstol de la Democracia y ahora resulta que es antidemocrático ser postulado de esa forma.
El retroceso es evidente, se trata de una ley con dedicatoria y confeccionada al contentillo e interés del grupo que impulsa a Peña Nieto rumbo al 2012. No en vano ya se prepara la defensa contra dicha ley, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La ley en general debe ser abstracta, es decir no tiene que particularizar, tiene que ser general no puede ser dirigida para nadie en especial. La Ley tiene que ser general, abstracta e impersonal. Son sus tres características.Además, en tanto la tendencia nacional hace esfuerzos para abrir los cauces a la participación, a través de todos los mecanismos posibles, incluyendo las candidaturas ciudadanas, en esa entidad hacen una reforma retrógrada y tal parece que su única intención es volver a imponer la moda del viejo estilo: El porfirismo.
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