Alejandro Zapata Perogordo
Cuando hace siglos Montesquieu inventó el sistema republicano de división de poderes, lo hizo creyendo que podían ser complementarios en una democracia, donde existieran pesos y contrapesos, que se impulsaran los equilibrios, la rendición de cuentas y que fueran los ciudadanos los beneficiarios en un esquema basado en la competencia.
Con la visión característica del estadista, el diseño en sí mismo es extraordinario: Impide la concentración del poder, lo divide de conformidad a sus propias y diferentes facultades en tres grandes ramas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dentro de las democracias modernas ahora encontramos –inclusive- que los sistemas tienen mayores divisiones; existen y son una realidad, los organismos de Derechos Humanos, las instituciones encargadas de conducir y regular los procedimientos electorales e inclusive aquellas cuyo objetivo se encamina a vigilar la transparencia en el actuar público, por señalar sólo algunos órganos dotados de autonomía.
La cuestión en síntesis es: ¿Qué ocurre en la relación que debe existir entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? En su expresión mínima de vinculación se traduce en un informe anual, que el titular del Ejecutivo tiene la obligación constitucional de rendir ante el Legislativo sobre el estado que guarda la administración pública federal; es decir, en otras palabras, cómo se encuentra el país desde la perspectiva del presidente de la República.
He aquí la médula: Primero, hicimos una república basados en Montesquieu -muy a la mexicana- donde en realidad la división de poderes era solamente de manera formal, más no material, a lo que llamamos presidencialismo, teniendo su base en el poder de un solo hombre y el resto giraba alrededor de él. Dígase una monarquía surrealista, pero eso sí, muy republicana.
Dado el hartazgo, social, político y el –fracaso- económico, se dio la alternancia. ¿Qué mejor oportunidad para comenzar a hacer cambios? Todo mundo estaba consciente de que el informe anual del Presidente de la República ante el Congreso de la Unión era en realidad una verdadera parafernalia, ¡el aplausómetro en su magnanimidad! ¡El besamanos en su apogeo! Aún recuerdo, cómo enviaban las invitaciones de parte del Ejecutivo, con un plano incluido para pasar al Palacio Nacional después del mensaje presidencial a efecto de dar la consabida felicitación -con inclinación de cabeza y todo- al mandamás del país. A nadie le importaba lo que hubiese dicho, todos le hacían reverencia y se congratulaban de su oratoria.
Esos ridículos formales y protocolarios terminaron pasando a ser parte vergonzosa de nuestra historia, pero también dieron pauta para recorrernos hacia el extremo opuesto. En la actualidad prácticamente la relación que debe existir entre el Legislativo y el Ejecutivo, cuya vinculación más trascendente -como ya indicamos- se reduce al informe presidencial, se ha visto nulificada por los resabios del sistema presidencialista que aún yacen en el sistema político agonizante.
Nadie quería volver al Día del Presidente -menos ahora- motivo por el cual se ha impedido que dé siquiera su mensaje ante el Legislativo, se veía subyugado un poder frente al otro, con un formato que aún prevalece y no abona a la relación institucional.
La parte ideal en los nuevos tiempos es precisamente al contrario de la tendencia prevaleciente, es ahora cuando se debe dar una vinculación más estrecha entre los poderes. Necesitamos la presencia y el mensaje del Presidente de la República en el seno del Congreso, escuchar sus puntos de vista y confrontar sus razonamientos con las decisiones legislativas, evaluar sus determinaciones frente a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, observar los avances o retrocesos sobre bases medibles y cuantificables, para estar en condiciones de llevar a la tribuna una verdadera argumentación en beneficio del país.
No podemos continuar con el distanciamiento entre vecinos, requerimos que sea el día de la unidad nacional -ya no del presidente- donde realmente nos ocupemos de los problemas que aquejan al país y dedicarnos a su solución. Necesitamos compartir los puntos de vista desde los diferentes ámbitos, buscar diagnósticos comunes y repartir las responsabilidades dentro de las competencias de cada institución.
Cuando menos existen otras dos cuestiones que nos obligan a cambiar: El informe presidencial no solamente es para el Congreso, sino -sin duda- también para la sociedad, que evalúa la forma de establecer comunicación entre poderes. Sin que tengamos que regresar a la posición de antaño, es menester construir un formato ad hoc.
Por otro lado, los demás órdenes de gobierno -estados y municipios-seguro estoy que harán lo propio, en beneficio de la ciudadanía.
Quitemos el Día del Presidente, desterremos como lógica simplista el recurrir sólo a las descalificaciones, impulsemos un afán positivo desde las trincheras nacionalistas, compartamos un proyecto de Patria donde nos dividan las formas pero no los objetivos, seamos vecinos cercanos, conscientes de las necesidades de nuestra colonia y trabajemos para superar esas deficiencias.
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